5 abril 2024.- La Sociedad de Promoción, que el pasado miércoles 27 de marzo apartó a su anterior gerente durante dos meses con un permiso retribuido para auditar las cuentas de los cinco últimos ejercicios, suscribió el pasado año un total de 3.892 contratos menores por un importe total de 8,4 millones de euros, que utilizó para diversos fines, desde abonar servicios recurrentes -la telefonía o la luz de sus instalaciones- como otras prestaciones que habitualmente contrata como el sonido de eventos, la vigilancia o la elaboración de los planes de seguridad.
Esta información se extrae del estudio de la escasa documentación que hay disponible en la pestaña de transparencia y viene siendo la tónica habitual de la Sociedad, que es 100% pública y que ha sido presidida por el Partido Socialista desde 2015. Actualmente es noticia porque ha trascendido que presenta pérdidas por valor de 11 millones de euros, una deuda a acreedores de 7,1 millones de euros solo en 2023 y una inspección abierta por la Agencia Tributaria Canaria relacionada con el IGIC por un importe de 590.750,30 euros.
Hay que recordar que de acuerdo con el informe 4/2017 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se hace una interpretación clara respecto a los contratos menores. “Es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista, previa justificación, cuando las prestaciones sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad” (SIC), según ha precisado en varias ocasiones.
“No parece que se cumpla este requisito tras observar un uso constante e injustificado, a nuestro juicio, de los contratos menores, con los que en 2022 se ejecutó el 50,3% del total del presupuesto. Se están abonando mediante contratos menores las facturas de la luz del Manuel Lois, del Castillo de Mata o del Palacete Rodríguez Quegles, algo que a nuestro juicio es injustificable”, explica la portavoz popular, Jimena Delgado-Taramona.
“Tampoco nos parece que sea justificable que servicios que prestan más de una empresa, como puede ser la vigilancia y seguridad, en eventos que además se organizan todos los años, se paguen mediante esta modalidad de contratos. Entendemos que lo normal sería licitar estos servicios no solo porque la ley lo exige, sino para ser más transparentes y permitir la libre concurrencia de empresas en pos de un gasto eficiente de los recursos públicos”, prosigue la portavoz del PP.
El segundo gran bloque de gasto de la Sociedad de Promoción se hace mediante contratos negociados sin publicidad por razones de exclusividad, un mecanismo excepcional. En este sentido, el pasado ejercicio 2023 se realizaron 116 licitaciones a través de este procedimiento, por un total de 8,9 millones de euros. Asimismo, se realizaron 10 licitaciones a través de procedimientos de licitación ordinarios por valor tan solo de 1,2 millones de euros.
“Hay empresas que han recibido hasta 876.801 euros en un solo ejercicio a través de negociados sin publicidad, una vez más, sin justificación alguna. Lo que es excepcional se ha convertido en lo habitual en una sociedad que se caracteriza por su opacidad. No obstante, ahora mismo estamos pendientes de que nos faciliten más información sobre contratos, partidas de gastos e ingresos y personal sin que hasta la fecha hayan tenido en consideración una resolución estimatoria del Comisionado de Transparencia con fecha 23 de febrero”, añade.
Entre julio y diciembre de 2023, con Carolina Darias como alcaldesa, se suscribieron un total de 1.689 contratos menores por valor de 3,7 millones de euros, un 45% del total de ‘menores’ elaborados el pasado año. “La alcaldesa del Carnaval más caro de la historia, que se hizo mayoritariamente a través de estos procedimientos, tiene mucho que explicar de por qué desde que el PSOE gestiona esta sociedad sus números y formas de actuar son un desastre”, lamenta Delgado-Taramona.
Hay que recordar que, del estudio de la información sobre Promoción de años anteriores, también han sido detectadas otras posibles irregularidades, como facturas por bienes y servicios abonados directamente a empresas sin ningún procedimiento de contratación; ausencia de solicitud de presupuestos previos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad y por emergencia; o abonos de facturas por encima del importe de adjudicación de los contratos.
“En el pasado consejo de administración de Promoción pasaron tres cosas muy graves. La renuncia de la secretaria del Consejo y asesora jurídica, se revelaron los pésimos números que atesora bajo gestión socialista la sociedad pública y se apartó al anterior gerente mediante permiso retribuido, para a renglón seguido encargar una auditoría de la misma. Hay muchas cosas que aclarar de cómo se están haciendo las cosas y aún no hemos escuchado a Carolina Darias arrojar luz alguna”, concluye la portavoz popular.
