20 abril 2026.– La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que su grupo llevará al próximo Pleno una revisión integral de los mecanismos de control de Turismo LPA, la aprobación de un plan de refuerzo de la fiscalización interna y la solicitud formal a la Audiencia de Cuentas de Canarias para que fiscalice la gestión económico-financiera de la sociedad municipal durante el periodo 2020-2025.
Delgado subraya que la intervención de la Audiencia de Cuentas resulta hoy imprescindible después de que se haya detectado un perjuicio económico inicialmente cifrado en 128.615,93 euros, al que podrían sumarse otros 39.582,99 euros, por una presunta actividad irregular de su ex gerente, lo que propició el encargo de una auditoría forense tras su despido disciplinario.
“Lo que está en juego no es solo esclarecer qué ocurrió en Turismo LPA, sino determinar por qué pudo ocurrir, durante cuánto tiempo y qué falló para que nadie lo detectara antes. Por eso pedimos que intervenga la Audiencia de Cuentas de Canarias, porque hace falta una fiscalización externa, independiente y rigurosa que llegue hasta el fondo y ayude a corregir las debilidades de control que han quedado al descubierto”, afirmó Jimena Delgado.
La portavoz popular recalcó que la moción parte de la idea de que Turismo LPA no puede analizarse como un episodio aislado dentro del sector público municipal. “Cuando una sociedad municipal acumula incidencias graves, otra aparece salpicada por una investigación judicial y una tercera queda bajo el foco de la Fiscalía Anticorrupción, ya no estamos ante casualidades. Estamos ante un serio problema de dirección, de supervisión política y de control de los recursos públicos”, señaló.
En este sentido, Delgado recordó que Geursa se ha visto afectada por el denominado caso Valka, una investigación judicial en la que se indagan presuntos delitos como prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias o malversación, y en la que la propia sociedad municipal figura investigada como persona jurídica.
A ello se suma la situación de la Sociedad de Promoción, donde la Fiscalía Anticorrupción ha presentado querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas contra varios responsables vinculados al ente, entre ellos cargos y gerentes de la sociedad, incluida su actual gerente, por adjudicaciones bajo sospecha y un presunto conflicto de intereses en la contratación.
“Lo de Turismo LPA llega después de Geursa y después de la querella de la Fiscalía en Sociedad de Promoción. Son demasiadas alarmas encendidas al mismo tiempo en el sector público municipal. La ciudad necesita saber qué está pasando, quién ha fallado y qué medidas se van a adoptar para que el dinero de todos vuelva a estar sometido a controles eficaces y a una verdadera rendición de cuentas”, añadió la portavoz.
La moción plantea, además de esa fiscalización por la Audiencia de Cuentas, la revisión inmediata de todos los mecanismos de supervisión en Turismo LPA, la implantación de un plan de refuerzo del control interno sobre gastos, pagos y contratación, la segregación efectiva de funciones y la convocatoria urgente de la Junta General para informar con detalle sobre los hechos, el resultado de la auditoría forense, las actuaciones realizadas y las eventuales acciones de reintegro o reclamación.
“Hace falta menos propaganda y más control. Menos opacidad y más transparencia. Y, sobre todo, hace falta un gobierno que entienda que las sociedades municipales no pueden seguir funcionando como compartimentos estancos, sin vigilancia suficiente y sin asumir responsabilidades cuando saltan los escándalos y menos aún usándolas como monedas de cambio para mantener el actual pacto, como vimos la pasada semana con Guaguas Municipales”, concluyó Jimena Delgado.
