18 marzo 2026.– La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha asegurado hoy que la sentencia que anula la autorización del Carnaval de 2024 en la zona del Puerto y La Isleta supone un “severo correctivo judicial” a la forma en la que el PSOE ha gestionado la fiesta en la calle, al constatar que el Ayuntamiento no adoptó medidas eficaces para proteger del ruido a los vecinos ni justificó debidamente la suspensión de los objetivos de calidad acústica.
Delgado subraya que la propia sentencia deja claro que el bando municipal que suspendió provisionalmente los objetivos de calidad acústica no estaba acompañado de “la mínima justificación” y describe el arranque de todo el procedimiento como “descorazonador”, por la “ausencia absoluta de motivación” en una decisión tan sensible para derechos fundamentales. Para la portavoz popular, “el PSOE abordó el Carnaval desde una visión simplista, eludiendo sus obligaciones, cuando hoy existe un marco jurídico y social mucho más exigente respecto a los perjuicios del ruido y a la protección efectiva de los residentes”.
“Lo más grave es que esta sentencia acredita que no se protegió ni a los vecinos ni al propio Carnaval. Cuando un gobierno no hace el trabajo que le corresponde no preserva la fiesta y directamente la pone en riesgo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Carolina Darias ha dado una estocada de muerte al Carnaval de calle por no adoptar actividad material alguna para compatibilizar la celebración de nuestra principal fiesta con los derechos de quienes viven en la zona”, afirmó Jimena Delgado.
La edil del PP pone también el acento en un pasaje “demoledor” del fallo, cuando el juez sostiene que lo manifestado por la gerente de la Sociedad de Promoción en relación a las medidas de protección contra el ruido “carecen de toda virtualidad probatoria” porque “colisiona frontalmente” con lo constatado por los agentes de la Policía Local durante el Carnaval de 2024.
Es decir, frente a la versión ofrecida en sede judicial sobre limitadores, mantas acústicas, controles y calibraciones, la propia Policía Local dejó reflejado que durante distintos actos no constaban los certificados exigidos, que se emitió música antes de implantar medidas de seguridad y que hasta prácticamente la finalización del Carnaval se continuaba sin recibir la documentación sobre limitadores y registradores de sonido.
Delgado considera igualmente “grave” que el magistrado destaque la “encomiable labor” de la Unidad de Mediación de la Policía Local (UMEC) y recoja expresamente que su actuación fue crucial para poner de relieve y atemperar “problemas de seguridad”, aunque precise que esa cuestión no sea objeto del procedimiento.
“Esa nota en la sentencia no puede quedar enterrada. Vamos a ir hasta el final para saber qué ocurrió exactamente, qué incidencias se detectaron, cómo se actuó y por qué se llegó a una situación tan seria en un evento de esta magnitud”, señaló la portavoz del PP.
La portavoz popular recuerda además que no es la primera vez que una mala gestión política del PSOE termina golpeando al Carnaval. Ya en 2021, con Inmaculada Medina al frente del área, el mismo juzgado ordenó trasladar el Carnaval de Día de Vegueta a otro lugar, una decisión que el Ayuntamiento anunció que recurriría y que posteriormente fue confirmada por el TSJC en 2023.
“Aquel precedente debió servir para aprender, corregir y anticiparse. No se hizo. Y hoy volvemos a pagar las consecuencias de la misma irresponsabilidad política. Primero fue el Carnaval de Día en Vegueta; ahora, el modelo de Carnaval en La Isleta y el Puerto vuelve a naufragar en los tribunales por no hacer compatible la fiesta con la legalidad y con el descanso vecinal”, afirmó Delgado.
Por último, Jimena Delgado reclamó una reflexión “seria, valiente y sin propaganda” sobre el futuro del Carnaval de calle. “El propio juez plantea la pregunta clave. Carnaval sí, siempre; la cuestión es dónde. Y esa es la reflexión que el Ayuntamiento debió haber hecho hace años. Hay que preservar el Carnaval, sí, pero hacerlo bien, con planificación, con seguridad jurídica, con medidas reales y sin sacrificar a unos vecinos para disfrute de otros. Si no se actúa con sensatez, volveremos a repetir los mismos errores en 2027”, concluyó.
