19 octubre de 2026.– La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado que su grupo municipal llevará al próximo Pleno una moción para crear una oficina municipal de información y asesoramiento destinada a facilitar que las familias que residen en viviendas protegidas de titularidad pública puedan acceder a la propiedad de sus hogares, comenzando por las 289 viviendas de Lomo de los Frailes.
La iniciativa pretende dar respuesta a una reivindicación histórica de cientos de familias que llevan décadas residiendo en viviendas públicas en régimen de alquiler y que, pese a contar en muchos casos con el reconocimiento administrativo de una opción de compra, continúan encontrando dificultades para hacer efectivo ese derecho.
«Estamos hablando de familias que llevan más de treinta años viviendo en sus casas, que han pagado religiosamente sus alquileres y que, en muchos casos, ya están jubiladas. No es razonable que, después de toda una vida, sigan sin saber qué tienen que hacer para convertirse en propietarias de sus hogares. Las administraciones están para facilitar soluciones, no para convertir los trámites burocráticos en obstáculos insalvables», ha señalado Delgado.
La portavoz popular ha explicado que la propuesta contempla la creación de una oficina municipal gratuita, mediante cita previa, que ofrecerá información sobre los requisitos legales, la documentación necesaria y los procedimientos para adquirir estas viviendas al amparo del Decreto 1/2023 del Gobierno de Canarias. El servicio también facilitará la obtención de certificados de empadronamiento, informes sociales y otros documentos municipales, además de establecer un canal de coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y VISOCAN.
El PP plantea que esta oficina comience a funcionar en un plazo máximo de dos meses desde la aprobación de la moción y que su primera fase se concentre en las 289 viviendas de Lomo de los Frailes, ampliándose progresivamente a otras promociones públicas de la ciudad que reúnan los requisitos establecidos por la normativa autonómica.
Delgado ha recordado que el pasado 23 de septiembre el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una iniciativa para impulsar el cumplimiento del Decreto 1/2023 y facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas. «Existe un acuerdo político unánime para avanzar en esta cuestión. Lo que pedimos es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deje de permanecer al margen y haga su parte, acompañando a los vecinos y ayudándolos a ejercer los derechos que les reconoce la normativa», ha manifestado.
En este sentido, la moción de los populares recoge el ejemplo del Ayuntamiento de Mogán, que ha anunciado la puesta en marcha de una oficina municipal similar para atender inicialmente a 141 viviendas protegidas. «Si otros ayuntamientos son capaces de dar este paso, no existe ninguna razón para que la capital de Gran Canaria no pueda hacerlo. Es una cuestión de voluntad política, de sensibilidad social y de entender que detrás de cada expediente hay una familia», ha añadido.
«Darias ha convertido la vivienda en una sucesión de anuncios sin resultados»
Delgado ha enmarcado esta propuesta en lo que considera el «fracaso absoluto» de las políticas de vivienda desarrolladas por los gobiernos socialistas en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente durante el actual mandato de Carolina Darias.
«En una ciudad donde acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los vecinos, Carolina Darias prometió construir 1.000 viviendas públicas durante este mandato. Estamos en la recta final y la realidad es que no ha entregado ninguna de esas mil viviendas comprometidas. La política de vivienda del PSOE se ha convertido en una sucesión interminable de anuncios, fotografías y promesas incumplidas», ha denunciado la portavoz del PP.
Como ejemplo de esta situación, Delgado ha señalado las 148 viviendas de Las Rehoyas, terminadas desde hace años y que continúan sin entregarse a sus adjudicatarios por los problemas pendientes con la urbanización exterior. A ellas se suman las 152 viviendas de Doctor Chiscano, cuya promoción permanece paralizada, y las 36 viviendas protegidas de Tamaraceite, cuyo contrato fue resuelto.
«Resulta difícil explicar a una familia que no puede acceder a una vivienda que el Ayuntamiento tenga promociones terminadas desde hace años sin entregar, proyectos paralizados y recursos disponibles que no se traducen en soluciones. O que incluso debamos gastar dinero en seguridad privada para evitar que se ocupen ilegalmente. Lo que está fallando no es únicamente la planificación, sino la capacidad de gestión de un gobierno municipal que lleva demasiados años prometiendo lo mismo», ha afirmado.
A esta situación se añade la falta de viviendas disponibles en la ciudad. Según el último Censo de Población y Viviendas, Las Palmas de Gran Canaria contabiliza 24.822 viviendas vacías, aproximadamente el 14% de su parque residencial, mientras miles de familias y jóvenes encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad.
«Tenemos casi 25.000 viviendas vacías, promociones públicas que no se entregan y una demanda de vivienda que sigue creciendo. Sin embargo, la principal respuesta de Carolina Darias es insistir en la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, o en apoyar los decretos de vivienda que desprotegen al propietario expulsado miles de viviendas del mercado de alquiler”, indica Delgado.
Una propuesta concreta frente a la falta de gestión
Frente a esta situación, Delgado ha defendido que la moción del Partido Popular representa una iniciativa «concreta, viable y de aplicación inmediata» que permitirá mejorar la situación de cientos de familias sin necesidad de afrontar grandes inversiones ni esperar a la construcción de nuevas promociones.
«Facilitar que una familia pueda convertirse en propietaria de la vivienda pública en la que lleva viviendo treinta años también es hacer política de vivienda. Es ofrecer estabilidad, seguridad y tranquilidad a personas que han cumplido durante décadas con sus obligaciones y que merecen una respuesta de las administraciones», ha concluido.
