|
– Jimena Delgado acusa al gobierno municipal de vulnerar los derechos de los trabajadores y de convertir Recursos Humanos en una fuente permanente de conflictos, sentencias y sobrecostes. – La sentencia concluye que el Ayuntamiento remitió la documentación a los sindicatos con menos de 24 horas de antelación, impidiendo una negociación real y efectiva. |
17 de julio 2026.- La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado hoy la «nefasta gestión» del área de Recursos Humanos después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 haya anulado el acuerdo por el que el Ayuntamiento aprobó la modificación de la valoración de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, al considerar que el gobierno municipal vulneró el derecho a la negociación colectiva al no permitir un proceso negociador real con los representantes sindicales.
Para Delgado, esta nueva sentencia vuelve a poner de manifiesto «el absoluto fracaso» de la política de personal impulsada por el gobierno de Carolina Darias. «Es especialmente grave que un gobierno que presume continuamente de defender a los trabajadores reciba un nuevo varapalo judicial precisamente por no respetar uno de sus derechos más básicos, como es la negociación colectiva», afirmó.
La portavoz popular recordó que el acuerdo ahora anulado pretendía hacer más atractivos los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, una categoría especialmente difícil de cubrir en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Resulta paradójico que el propio gobierno reconozca las enormes dificultades para atraer y retener a estos profesionales y, al mismo tiempo, sea incapaz de tramitar correctamente un expediente de esta importancia», señaló. No en vano, en los últimos años han quedado desiertas convocatorias para cubrir puestos tan relevantes como la Secretaría General o la Intervención General, mientras los habilitados nacionales que permanecen en el Ayuntamiento deben desempeñar su trabajo con una evidente falta de medios personales en servicios esenciales como la Secretaría General del Pleno o la Intervención General.
Un balance marcado por los conflictos y las sentencias
Para el Partido Popular, la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, acumula un balance «demoledor» al frente de un área que, recuerdan, constituye prácticamente su única responsabilidad política al margen de la presidencia del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.
Durante este mandato, el área ha mantenido conflictos continuados con la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios, no ha sido capaz de culminar el proceso extraordinario de estabilización del personal municipal, que debía haber finalizado antes del 31 de diciembre de 2024, ha tenido que afrontar la reincorporación judicial de la anterior directora general de Recursos Humanos y ha recibido resoluciones que obligan al Ayuntamiento a asumir importantes costes económicos derivados de su gestión.
«La gestión de Recursos Humanos le está costando millones de euros a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, entre sentencias judiciales, intereses de demora e incumplimientos que terminan pagando todos los vecinos», denunció Delgado.
A ello se suma el progresivo desmantelamiento de la plantilla municipal. La portavoz recordó que, en apenas un año, el Ayuntamiento ha perdido alrededor de 200 trabajadores, una reducción que repercute directamente en la prestación de los servicios públicos y aumenta la carga de trabajo de los empleados que continúan en activo.
Una sentencia que evidencia la improvisación
Jimena Delgado recordó que el juzgado ha estimado íntegramente el recurso presentado por Intersindical Canaria al concluir que el Ayuntamiento no desarrolló una negociación colectiva efectiva, ya que la convocatoria y toda la documentación del expediente fueron remitidas a los representantes sindicales menos de veinticuatro horas antes de la reunión, impidiendo un estudio adecuado y un verdadero proceso negociador.
«Lo que ha dicho el juzgado es muy claro: no basta con convocar una reunión para cubrir el expediente; la negociación colectiva exige tiempo, información suficiente y voluntad real de diálogo. Exactamente lo contrario de lo que hizo el gobierno de Carolina Darias», afirmó.
La portavoz popular concluyó señalando que la máxima responsable política de esta situación es la alcaldesa. «Carolina Darias no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Recursos Humanos acumula conflictos, pierde trabajadores, incumple plazos y recibe sentencia tras sentencia. Ha permitido que el área llegue a una situación límite y debe asumir, de una vez por todas, las responsabilidades políticas que le corresponden», concluyó.
